Han transcurrido cuatro años desde la puesta en marcha de Transantiago. No cabe duda que este cumpleaños, tal cual los tres anteriores, no será celebrado por los usuarios y, dada la actual situación, tampoco será un cumpleaños feliz.
Cuatro años y tres gobiernos. Unos lo crearon, otros lo implementaron y el actual, quien no puede lavarse las manos por cuanto fueron -y son- parte del aparato legislativo que dio el visto bueno al nuevo Sistema de Transporte de Pasajeros (STP), aún no puede encontrar la solución a tan complejo asunto. Cuatro también son los ministros que han asumido la cartera de Transportes y Telecomunicaciones en busca de soluciones, ninguno ha caído en cuenta que, desde la perspectiva mercantil, tal como lo asumen, simplemente es un problema sin solución.
Es justo reconocer que ya no se ven las largas caminatas de pobladores sin locomoción; tampoco se sabe ya de asaltos a los choferes con fatales consecuencias y, por cierto, la contaminación acústica ha disminuido. Sin embargo, también sería un acto de justeza que la autoridad de turno reconociera las largas “colas” en los paraderos; la intermitencia en la frecuencia de los recorridos; una cantidad reducida de máquinas que no logran dar abasto al caudal de usuarios, problema que se agudiza en las horas peack y en las noches; más una interminable lista de anomalías y malestares a la población que bien faltaría espacio y tiempo para anotarlas.
Sin embargo, el peor de los problemas es el encarecimiento del pasaje. Estamos ante la séptima alza en menos de un año, un incremento cercano al 50% desde que se inició esta travesía y un déficit que supera los USD $700 millones que, obviamente, terminamos pagando todos los chilenos, incluso aquellos de regiones que bien no deben sufrir los embates de un sistema fracasado.
El nuevo ministro ha dado señales de insistir en soluciones “técnicas” o más bien dicho “tecnocráticas”. Se dispone sólo a reuniones con los “expertos” y en nada considera la opinión de los usuarios y sus organizaciones o representantes. Es el camino que han recorrido sus antecesores y, salvo maquillajes, el problema de fondo subsiste. Lo que cabe aquí es abordar la problemática desde la perspectiva política, he allí la génesis del asunto.
Si todos los sectores coincidimos en que es necesario reestructurar el STP debemos acordar, entonces, la pertenencia del mismo. En nuestra opinión éste ha de ser estatal.
Nos asiste la convicción de que estamos por mejorar un sistema esencial para la sociedad toda. Es gracias a los medios de transporte que la ciudad se mueve, los trabajadores llegan a las empresas, los enfermos a los hospitales, los estudiantes a sus aulas, etc. Todo ello, en sí mismo, es constituyente de un derecho de todos los ciudadanos, por lo tanto, dicho derecho, debe ser garantizado por el Estado.
El actual STP es prueba fehaciente que una empresa privada (como lo es Transantiago) no resulta ser tan eficiente como una empresa estatal (como lo es Metro). La capacidad de gestionar con eficiencia un patrimonio social ha aminorado, incluso, la desastrosa implementación y diseño de Transantiago. De ahí que no es iluso pensar en que sea el propio Estado, a través de Metro, quien juegue un papel relevante, como operador, de un STP sobre superficie.
Los Comités de Usuarios han generado un sinfín de propuestas a lo largo de estos cuatro interminables años. Dichas propuestas y demandas surgen del seno mismo de los santiaguinos ya cansados de tanta incomodidad al viajar, de inseguridad en las micros, largas horas de espera y viajes extenuantes, micros abarrotadas de gente, de cortos tiempos para validar el transbordo, en fin, de que cada una de las promesas hechas al inicio de Transantiago no sean cumplidas y, peor aún, de soportar un alza permanente del pasaje, cuestión que ha provocado que no pocos usuarios, de capas medias, hayan optado por el endeudamiento en vehículos particulares que sólo provocan mayor saturación en las calles de la capital.
No cabe duda que estamos ante un círculo vicioso. Está en manos del nuevo gobierno hacer un alto y resolver la contradicción que provoca este asunto: o bien hacemos un cambio radical y el Estado pasa a jugar un rol fundamental en el transporte de los capitalinos o bien Piñera responde a su clase social y mantiene en manos privadas una cuestión que debe ser resorte de todos los chilenos.
Sergio Sepúlveda S.
Coordinador Comités de Usuarios
Transantiago
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